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Qué hacemos y qué no hacemos
VeredictoCasino es un sitio de información. Probamos casinos online, los puntuamos con un método publicado y explicamos cómo funcionan las tragaperras y los juegos de casino. Leer el sitio, usar nuestras herramientas y crear una cuenta es gratis.
No gestionamos ningún casino, no aceptamos apuestas y no guardamos ni manejamos su dinero.
No abrimos cuentas de casino en su nombre y no podemos actuar por usted en una disputa con un casino.
Nuestras páginas son información general, no asesoramiento financiero, jurídico ni de otro tipo profesional. Decida usted y busque asesoramiento independiente si lo necesita.
Los casinos online y la ley en España
La licencia de juego en España la concede la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Según la Ley 13/2011, toda actividad de juego realizada sin el título habilitante necesario tiene la consideración legal de prohibida. Los casinos que probamos tienen una licencia extranjera, por ejemplo de Malta o de Curazao, y ninguna licencia española. La ley también tipifica como infracción leve participar desde España, enmascarando la IP española, en juegos ofrecidos en páginas sin título habilitante, con apercibimiento o multa de hasta 100 000 euros.
Las protecciones españolas, como fijar el tiempo y la pérdida máximos antes de cada sesión, los límites de depósito oficiales y la conexión al RGIAJ, no se aplican en estos casinos, y las autoridades españolas no pueden ayudarle si uno de ellos retiene sus ganancias. Téngalo presente antes de registrarse o depositar en cualquier sitio. Más sobre esto en nuestras guías de leyes de juego en España y de sus derechos como jugador.
Importante: si se ha autoexcluido a través del RGIAJ, los casinos fuera del sistema nacional no son para usted. Su autoexclusión tiene un motivo. Si el juego le está causando problemas, hable con alguien de confianza o con un profesional; en Juego responsable le explicamos qué herramientas y qué ayuda existen en España.
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La normativa española de consumidores, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), reconoce derechos a los consumidores y usuarios, y establece en su artículo 10 que la renuncia previa a ellos es nula.
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